Cuba: Pena de muerte para daños a instituciones estatales
En un intento desesperado por frenar los actos en contra de las instituciones, provocados por la profunda crisis económica, política y social, el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba activó este viernes la pena de muerte para estos casos, colocándolos en el apartado de sabotaje.
A tenor con una nota del TSJ, la decisión responde a que “recientemente, han salido a la luz confesiones sobre diversos hechos que han afectado sectores esenciales, como el transporte, la aviación, las ambulancias, los grupos electrógenos, los paneles solares y las telecomunicaciones”.
“Estos eventos comprometen bienes estratégicos en los que el país ha invertido significativos esfuerzos para garantizar servicios vitales a la población”, señala.
“En este contexto, el Consejo de Gobierno (del Tribunal Supremo), haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 148 de la Constitución y el artículo 29 de la ley 140 de los tribunales de justicia, ha determinado que estas conductas constituyen un delito de sabotaje”, anuncia.
El Tribunal Supremo cubano señala que el artículo 125 del Código Penal establece sanciones de entre siete y 15 años de cárcel para esa clase de delitos, aunque el artículo 126 “prevé penas agravadas de hasta 30 años, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos donde se ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad colectiva”.
“Además de la privación de libertad, la legislación contempla sanciones accesorias, como la confiscación de bienes, restricciones de movilidad y la obligación de reparar los daños causados”, continúa.
El mecanismo de propaganda del régimen cubano considera cualquier acto de protesta como “actos vandálicos”, por los que, según so importancia, a partir de ahora serían considerados sabotaje.
Desde febrero, funcionarios de la Unión Eléctrica (UNE) y del Ministerio del Interior (MININT) advirtieron que el robo de recursos eléctricos sería castigado con penas severas, incluyendo la tipificación de sabotaje.
El nuevo Código Penal, aprobado en 2022, mantiene la pena de muerte para 24 delitos, incluidos 14 relacionados con la seguridad del Estado, ocho específicos de terrorismo, uno contra la salud pública (drogas) y el asesinato.
